Como consecuencia de la crisis, se dio la posibilidad a las familiar de sacar a su familiar de la Residencia y se está cobrando por un servicio que no se presta. Sólo controlan las 25 Residencias de titularidad pública. Se deberían intervenir, mientras dure la crisis sanitaria, todas las Residencia que incumplieron órdenes, protocolos…contratar personal y cuando finalice esta pesadilla solicitar indemnización por daños y perjuicios a todas las empresas que incumplieron su deber de asistencia y cuidado con las personas mayores